lunes, 23 de febrero de 2009

Corrupción y narco-delincuencia aeroportuaria.

1.-Aeropuertos funcionales a las mafias

Todos los aeropuertos del país funcionan para facilitar el tráfico ilegal de drogas, personas, dinero sucio, armas y mercancías de contrabando.

Pasa en los que están en mano de Aerodom (Las Américas, Arroyo Barril-Samaná, Catey-Samaná, Gregorio Luperón-Puerto Plata…); en el de Punta Cana- Frank Raineri, en el de La Romana-Central Romana y el Aeropuerto Cibao de Licey al Medio (propiedad de un poderoso grupo de empresarios santiagueros); en el aeropuerto del Higuero-Joaquín Balaguer y en el casi muerto aeropuerto María Montés de Barahona.

Ninguno de ellos cuenta con terminales separadas para los vuelos internacionales y para los vuelos nacionales como sucede en muchos países. Las rampas, las terminales, se usan indistintamente para los vuelos que llegan del exterior como también para los vuelos locales o internos; de manera tal, que en combinación con las autoridades sobornadas, se pueden fácilmente pasar maletas, bultos y personas que vienen del exterior como si fueran procedentes de otros aeropuertos del país.

Por esos canales entran diariamente dinero de las mafias (dólares y euros), drogas, armas, delincuentes y mercancías sujetas a impuestos sin ser controladas; como igual salen personas sin los documentos legales correspondientes y con drogas de todo tipo. El “franqueo” de personas con las famosos pasaportes “machetes” es pan nuestro de cada día. El control de seguridad, migración y aduana es totalmente vulnerable, sobretodo en aquello vuelos privados carentes de terminales específicas. Los aviones propiedad de particulares y de compañías privadas son usados comercialmente, apoyándose en el hecho de que la demanda de cupos en los aviones comerciales es superior a sus disponibilidades y esto es aprovechado para contratar esas aeronaves privadas para “suplir” dicho déficit y por esa vía “colar” de todo.

El soborno, el pago de peaje, las asociaciones para delinquir, han arropado importantes áreas y funcionarios de la Dirección de Migración, la DNI, del Cuerpo Especial de Seguridad Aeroportuaria (CESA) y el J2 de las Fuerzas Armadas. Los funcionarios y militares honestos son bien conocidos por las mafias así como sus colaboradores a nivel estatal, los cuales saben saltar los obstáculos y combinarse entre sí y con los contrabandistas en horarios y días precisos.

A ese sistema mafioso le sirven algunas FBO (por sus siglas en inglés) seleccionadas con esos fines, especie de empresas de servicios contratadas para realizar los trámites, papeleos y paso por chequeos de personas, equipajes y mercancías pertenecientes a las mafia; algo muy diferente a la gran cantidad de agencias involucradas en el comercio electrónico destinadas a labores de asistencia legal a muchísimas empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, que compran mercancías en el exterior (vía Internet) por su ágil intermediación. Las FBO mafiosas cuentan con “medios” para transportar y canalizar documentos y equipajes de los vuelos privados, y cada una tiene generalmente asignada un inspector de aduanas, una gente de la DNCD, en representante del CESA y un miembro de J2, beneficiarios por “órdenes superiores” del negocio ilícito.


Al Higuero llegan cantidad de vuelos internacionales encubiertos como nacionales y allí los grandes ejecutivos son tratados con guantes de seda en su paso hacia Punta Cana.

En Las Américas actúa con gran libertad la FBO denominada SERVER, involucrada en le “franqueo” de todo tipo de maletas y bultos de grupos mafiosos. Del podrido vientre de SERVER salió la línea aérea PAWA, propiedad de cubanos de Miami, una de la más involucradas en el tráfico ilegal de dólares y drogas.

La tarifa por maleta de droga canalizada por esas empresas de servicios y por la red de funcionarios corrompidos es actualmente del orden de las 40 mil dólares por unidad. Los aviones privados, aquellos que no pasan de un cupo de 30 personas, reciben los servicios de parqueo, plan de vuelo, declaraciones de aduana, chequeo de migración… de esas FBO. Unos entran dentro de la normalidad legal y otros son usados para las operaciones ilegales.

2.- Compañías aéreas mafiosas y pilotos a su servicio

En otro orden, una buena parte de las compañías privadas de aviación, que operan desde el aeropuerto del Higuero, están metidos “hasta donde dicen Cirilo” en el tráfico ilegal de personas, divisas, droga, armas y mercancías. Entre ellas se destacan:

- La Caribair S.A., propiedad del señor Rafael Rosado, recientemente suspendida por faltas cometidas en territorio norteamericano.
- La PAWA Dominicana ya mencionada.
- La SAP (Servicios Aeroportuarios Profesionales), propiedad del señor José Miguel Patín.
- Al AirDominicana, de la que se dice es co-dueño el señor Felucho Jiménez, alto dirigente del PLD y ex-ministro del turismo.
- La Cap-Cana, propiedad de los hermanos Hazouri, dueños del consorcio turístico Cap-Cana y ex-dueños de AERODOM, empresa usufructuaria de aeropuertos estatales.

La excepción de la regla es la empresa Aerodomca, la cual nunca se ha involucrado en esos negocios sucios. Las dos más destacadas en las prácticas mafiosas son precisamente Caribair y SAP, propiedad del señor Rosado y del señor Patín respectivamente.

Dinero del lavado, tráfico de personas, tráficos de drogas, tráficos de armas y contrabandos de variados tipos de mercancías, son las “especialidades” de esas maleadas compañías privadas de aviación. Unos de los subterfugios más socorridos por esas empresas en aprovechar los viajes de aviones sujetos a ser reparados en los Estados Unidos. Por esa vía llevan drogas y traen dinero para “lavar”. También incluyen otras mercancías y evaden impuestos.

Para el tráfico de personas a islas caribeñas, esas compañías usan los llamados “coyotes, pilotos especializados en esos menesteres. La vulnerabilidad de los aeropuertos por la forma como funcionan y por la captación de una parte de las autoridades civiles y militares encargadas de los controles, facilita esa modalidad del tráfico ilegal de personas.

Un número considerable de pilotos civiles sirven a esas empresas y a aviones privados en esas prácticas ilegales, después de haber sido reclutados por empresarios inescrupulosos que se aprovechan de los bajos sueldos que normalmente reciben. A través de ellos logran traficar y “situar” equipajes “valiosos”. Pero no solo usan pilotos civiles, sino también pilotos militares de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD). Por ejemplo, la empresa de aviación Cap-Cana emplea mucho personal militar.

En PAWA participa el general-piloto Carbuccia y participó el general Piña, de quien se dice sabe muy bien como desaparecieron en un helicóptero a Narciso González (Narcisazo). Ahora PAWA incorporó un coronel piloto en sustitución de este último

El uso de aeronaves para el tráfico ilegal incluye los helicópteros. El escándalo relacionado con del coronel Harold Manzano (ex miembro de la Marina Norteamericana , piloto de la Caballería Aérea del Ejército Dominicano, piloto de los helicópteros del Presidente Fernández, del Banco Popular y del multimillonario Venezolano Gustavo Cisneros) y el de sus hermanos Antony, (ex jefe de operaciones de las fuerzas de la ONU-MINUSTHA en Haití) y Eric -los tres militares- estalló recientemente al ser capturados en operaciones mayores de tráfico de derogas desde Haití, después que un avión gringo derrumbara la nave cargada de cocaína usada por socios de éstos. Harold esta vivo y suelto en New York, a pesar de sus fechorías. Otro piloto militar usado en esos trajines es el oficial Henry Hidalgo, y éste no agota la lista.

Otra vulnerabilidad es la relativa al gran déficit de radares, y VOR y ADF, instrumentos de orientación y detectores de vuelos. Esos instrumentos han desaparecido de no pocos aeropuertos en uso. En Punta Cana y en Las Américas hay radares, pero entonces es inexplicable como a pesar de cubrir éstos dos todo el radio de acción comprendido entre ambos puntos geográficos, los aviones de la mafia aterrizan frecuentemente en la Autovía del Este sin ser detectados; lo que indica que la corrupción es tal, que de poco sirven los radares y servirán los súper-tucanos.

Es casi seguro que el asesinato del señor Christopher, funcionario del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se debió a que encaminó una investigación sobre el tema de los aterrizajes en la Autovía del Este.

3.- La corrupción arropa el IDAC.

Su actual Director, José Tomás Pérez, a pesar de las normas institucionales, no sabe un carajo de aviación civil, no es un técnico de carrera. Los vice son Santiago Rosas, procedente de los controladores aéreos e Iván Vázquez de la asociación de pilotos. Este último ya posee un yate de lujo y aunque lo prohíbe la ley, es piloto de Santo Domingo Motors.

El presidente de la Asociación de Pilotos es sobornado por los altos funcionarios del IDAC: le pasan un cheque de 70 mil pesos mensuales a través de un periodista llamado Randy, miembro de la Fuerza Nacional Progresista de Vincho Castillo.

Santiago Rosa parece conocer quienes mataron a Christopher y cobra a los extranjeros 10 mil dólares para obtener la licencia dominicana.

Los llamados P01 (inspectores del IDAC), destacados en compañías privadas se hacen la vista gorda frente a los pilotos con licencia vencidas o suspendidas y frente a la cantidad de aviones de los diferentes acompañas que no reúnen los requisitos para volar.
Los P01 responden a los altos funcionarios que reciben la mayor parte de los sobornos.

Los aviones privados en buenas condiciones son acosados si no pagan sobornos mientras a los vuelos comerciales se les permiten todo porque pagan para hacer y deshacer. Y nada de esto es ignorado por José Tomas Pérez, director del IDAC.

Ahora los vuelos a Haití están suspendidos, el espacio aéreo está cerrado, pero a las mafias se le conceden permisos especiales. Los permisos no los conceden para poder multar a los que vuelan sin ellos y entonces Haití reciproca con la misma medida.

Lacucarachaquemea seguirá dando datos sobre todas estas asociaciones de malhechores y le promete para muy pronto los “perigris” de los dos empresarios, Rosado y Patín, que empataron en un primer lugar en el concurso para escoger las compañía aéreas más corruptas.

Nada de esto sería posible con un gobierno honesto y en un Estado depurado de maleantes civiles y uniformados. Pero esta posibilidad es impensable con Leonel Fernández y su corte de bandidos a la cabeza del país.

sábado, 14 de febrero de 2009

El poder sucesoral de los guardaespaldas del Presidente: modalidad criolla del narco-gobierno

* La expresión militar-policial del poder mafioso.
* La degradación y total des-institucionalización de los cuerpos armados.
*La alianza malvada: partidocracia, cúpula castrense y empresariado corrupto y corruptor.
*Las tardías cancelaciones de visas-EU.

La sociedad dominicana, civil y militar, todavía no percibe la magnitud y profundidad del proceso de corrupción estatal-gubernamental, el devenir del Estado dominicano en una variante original de narco-estado, el grado de deterioro moral de la cúpula del actual gobierno y la responsabilidad del presidente Leonel Fernández en esta peligrosa y alarmante situación.

Las recientes explosiones de la corruptela en la Congreso Nacional, en la Junta Central Electoral, en muchas dependencias del Poder Ejecutivo, en la Cámara de Cuentas, en la Marina de Guerra; la impunidad en casos tipo PEME, Plan Renove, Sun Land, juguetes de la Lotería, remodelación del Palacio de Bellas Artes…. estremecieron la sociedad sin que todavía haya subido a la superficie el manejo perverso de la relación entre Poder Ejecutivo, Poder Militar, Poder Empresarial y partidocracia corrompida. Todos estos escándalos se quedan chiquitos frente a situaciones todavía no develadas, por lo menos en sus reales dimensiones y profundidades.

Ha llegado la hora de poner en conocimiento a las bases miliares, a los mandos intermedios no infectados de las FFAA y la P.N. y al pueblo civil, de lo que está aconteciendo en esa viciada y viciosa relación de poder, intocable por lo grandes medios de comunicación; salvo de manera superficial cuando algunos engranajes y acciones delictivas se salen de control, provocan pugnas al interior de poder establecido y se proyectan hechos bochornosos y escandalosos.

* La dinastía de los guardaespaldas y el poder corruptor de los jefes.-Siempre los jefes del cuerpo presidencial de guardaespaldas –salvando lo ocurrido durante los gobiernos de Bosch y de Caamaño- han tenido poder para enriquecerse y enriquecer a los suyos, para traficar favores de los presidentes y para hacer negocios sucios bajo su manto protector.

Pasó así con los generales Mélido Marte y Pérez Bello en los 22 años de Balaguer. Pasó con los jefes de la guardia presidencial de Guzmán, Majluta, Jorge Blanco e Hipólito Mejía. Pero nunca antes los jerarcas del cuerpo especializado en proteger al presidente y a su familia habían logrado la supremacía en las Fuerzas Armadas a través del poder de designar (siempre bajo la sombrilla protectora y con el aval del Presidente de la República) los otros mandos militares, y de ocupar ellos mismos la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas.

Esta historia comenzó en el pasado periodo de Leonel Fernández con la designación del general Florentino y Florentino en la más alta posición militar, continuó con el poder desplegado por el general Aquino García y su alicate (el célebre Crispín, el civil designado a eternidad como subjefe de la DNI), para nombrar los mandos militares de ese periodo por encima de la designación del contralmirante Sigfrido Pared Pérez como Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas; se fortaleció con la designación del propio general Aquino en ese alto cargo y ahora se ha disparado en grande con el poder compartido, delegado por el presidente Fernández, a favor del ex–Secretario Aquino García y del mayor general Medina y Medina, actual jefe del cuerpo de ayudante, principal espaldero del titular del Poder Ejecutivo y hombre fuerte en la actual distribución de los mandos castrenses.

Aquino García, actual jefe de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y Medina y Medina, Jefe del Cuerpo de Ayudante del Presidente Fernández, entraron en competencia: uno por quedarse como Secretario de Estado de las FFAA y otro por escalar esa Secretaría. Pero ese pleito devino en transacción, catapultando al general aviador Peña Antonio al ambicionado cargo, persona de ambición moderada, amigo de Aquino García, pero no de la misma calaña. Esto como salida salomónica no prevista en vista del tranque.

Devino en transacción y también en reparto de nombramientos – esta vez también por encima de la autoridad institucional del nuevo Secretario de Estado, el general Peña Antonio- para garantizarles a ellos dos (aliados a otros jefes militares corruptos de vieja data) el control de importantes áreas de influencia y los puntos claves para el enriquecimiento ilícito, a costa del presupuesto de la nación, del empobrecimiento de las bases militares y de los mandos militares ajenos a los clanes de alta jerarquía y, principalmente, de la salud moral de la república; dada la expansión e incremento de sus complicidades esenciales con el tráfico de droga, dólares, euros, personas y armas; y dada la ampliación de otras prácticas de enriquecimiento vertiginoso de larga tradición: contratas, órdenes de compra, comedores, intendencias, venta a crédito de vehículos, computadoras y electro-domésticos a la membresía, contrabandos de bebidas y otras mercancías, prestaciones de servicios al sector privado y a funcionarios civiles, y protección de prácticas ilegales, permisos y ventas de armas…

Compras sobrevaluadas a los suplidores criollos favoritos de la Presidencia. Compras manipuladas de equipos militares, municiones y suministros diversos procedentes del país y del exterior. Coparticipación en los “bombardeos” de drogas, en el tráfico marítimo y aéreo de estupefacientes, dinero del narcotráfico, personas y armas. Complicidad en el contrabando y tráfico ilegal de todo tipo por la frontera con Haití. Asociación con los ministros y altos funcionarios civiles corruptos y ubicación de una parte del personal militar y policial en labores de protección y asistencia de esos señorones de la política. Consecución de contratos de alta “rentabilidad” por esas mismas vías. Alianza con empresarios inescrupulosos e incorporación de otra parte del personal militar y policial a la protección y a los trabajo del sector privado. Protección y asociación con ciertas compañías privadas de aviación radicadas en el aeropuerto del Higuero, involucradas en todo tipo de tráfico aéreo ilegal. Sistema de cobro de peaje a todos lo niveles y de aceptación y reparto de los ingresos generados por la protección de una gran parte de las actividades ilegales del sector privado y de la delincuencia civil. Todas éstas y otras modalidades de corrupción y tráfico de influencia están presentes en no pocas de las posiciones repartidas.

Esto incluye poder para influir en la designación de los jefes de la DNCD o para establecer complicidades con ellos; y poder para aliarse a los jefes policiales más corrompidos y más curtidos en la criminalidad. Sus conexiones con la Presidencia de la República, con la cúpula política corrompida y con los empresarios corruptos, aprovechándose de la degradación moral y la total des-institucionalización de los cuerpos castrenses, da lugar a la formación de clanes solidarios entre sí en el ejercicio y disfrute del delito de estado y las consiguientes garantías de impunidad, así como en la subordinaciones a la oligarquía y los jefes políticos de la peor estirpe.

En ese plano, recientemente tuvo lugar la asociación de la Dinastía de los Guardaespaldas con el contralmirante Iván Peña Castillo (durante su ejercicio de Presidente de la DNCD) y ahora con los contraalmirantes Ventura Bayonet y Gilberto Delgado, jefes respectivos de la Marina de Guerra y de la DNCD, ambas personas duchas en las complicidades con los cárteles más poderosos de la droga con incidencia en el país.

Antes ya, el general Florentino y Florentino había sentado cátedra en el aprovechamiento de las ventajas de su asociación delictiva con el Cártel Quirino, subsidiario del Cártel del Valle del Norte de Colombia; vínculos que fueron extensivos no solo a jefes militares leonelistas, sino también a partidarios de Hipólito Mejía, como el general Sierra Pérez, ex-jefe de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) durante el gobierno de Hipólito Mejía; al impenitente delincuente uniformado Pepe Goico (servidor de todos los gobiernos desde su amplísima experiencia en fechorías), al archi-asesino general Bencosme Candelier (poder detrás del trono en sucesivos periodos policiales), al general de la P.N. William Jérez (criminal de tomo y lomo, además de traficante del ganado de Quirino) y a muchos otros de menor relevancia.

El general Bencosme Candelier ahora entra en desgracia, aunque conserva posiciones fuertes tales como la que ahora ejerce el general Manuel Fructuoso (carne y uña), actual jefe de investigaciones de la policía. Cuenta sí con cierta objeción del actual jefe policial, Guillermo Guzmán Fermín, en el marco de una pugna por el control real de esa institución, en la que este último, sin la experiencia mafiosa acumulada por Bencosme, despliega, vía los tristemente famosos “intercambios de disparos” y las ominosas “cirujías”, un grado de criminalidad realmente alarmante. Uno es la “mano dura” pérfida y soterrada, y el otro la “mano dura” abierta y descarada (a la colombiana), en espuria competencia por la hegemonía de esa institución. Astillas de un mismo palo podrido.

Pero además, es conocida la relación de pareja del general Florentino con la decoradora Margarita Gómez (quien ahora es su esposa), envuelta en el escándalo de la decoración de la Suprema Corte de Justicia, contrato financiado originalmente por el propio capo Ernesto Quirino. Es conocida también la asociación empresarial de esa señora decoradora con una de las hijas del Presidente y su participación, junto a la Primera Dama, en la organización de las cenas y campañas de recolección de fondos para financiar la reelección de Leonel Fernández; una de las puertas de entrada del dinero sucio a la actividad política tradicional.

Pero además, si antes, cuando Balaguer, los jefes militares balagueristas, beneficiarios de esa relación de subordinación política, aportaban sobre todo represión y apoyo a la reelección a cambio de privilegios (el “alimento del boa” de que hablaba Balaguer); ahora, los jefes militares leonelistas, súper-enriquecidos en mucho mayor medida que los generales de los 22 años, aportan sobre todo sumas cuantiosas de dinero a cambio de cargos que le posibiliten la “ampliación en grande” de sus capitales sucios. Igual hacen los capos civiles de la droga y los empresarios beneficiarios del tráfico de influencia, quienes convierten al presidente que acepta para el financiamiento de sus campañas ese dinero putrefacto, en una especie de reo de las mafias integradas y en parte de un sistema de complicidades expuesto a los peores chantajes de unos contra otros.

Todo esto, o buena parte, es bien conocido por el asesor de la lucha antidroga del presidente Fernández y ministro del gobierno peledeísta, doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho), quien sostiene íntimas relaciones y defiende a los generales leonelistas involucrados en el narcotráfico y muy especialmente a la “Dinastía de los Guardaespaldas”. El combate a la droga de este alto funcionario se reduce a los vínculos de ciertos cárteles y capos con las administraciones del PRD y a denuncias muy generales sobre la penetración en el Estado y partidos del sistema, obviando la enorme responsabilidad de este gobierno, sus jefes militares mas corrompidos y sus empresarios favoritos; incluidos bancos, algunas empresas de zona franca y corporaciones extranjeras.

* Lo tradicional y lo diferente.-Claro que estas prácticas no son exclusivas del actual presidente de la república, sino que con mecanismos diferentes y con desarrollos distintos la asumieron también Balaguer en su tiempo e Hipólito Mejía en el suyo. No olvidemos que el general Guerrero Peralta, ex-jefe corrupto de la DNCD y de la Policía Nacional, pasó a ser después de su retiro, jefe de la escolta personal de Vargas Maldonado, luego de haber ejercido funciones parecidas en el equipo de seguridad de Hipólito antes de ser presidente.

Lo nuevo es la modalidad: la concentración de poder administrativo-militar en los jefes de la escolta presidencial, la asignación a éstos del poder para seleccionar y designar los mandos militares, la distribución entre de ellos de los cargos altamente rentables subordinados a una jefatura cuasi externa, que opera con o sin el Secretario de Estado del ramo; la distribución de áreas de influencias y zonas de negocios y el alto grado de desconocimiento del escalafón y de las normas institucionales de las FFAA y de la PN.

La relación primaria se crea alrededor del despacho presidencial, privilegiando las lealtades de su entorno, a las que se le delega discrecionalmente el poder sobre en resto de la institución. El monarca político selecciona, al margen de la ley orgánica y de las capacidades profesionales, a los nuevos cortesanos militares encargados de secuestrar a su antojo las instituciones castrenses.

El jefe de ocasión de la guardia presidencial opera hacia las Fuerzas Armadas bajo la sombrilla del presidente, seleccionando en cada periodo los mandos sobre la base de sus relaciones de promoción militar, confianza personal, familiaridad, lealtad política clientelista y vínculos de amistad.

En cada ocasión actúan como jefes el alto oficial del Cuerpo de Ayudantes más próximo al Presidente de la República junto a sus aliados y subalternos más leales. Varían los nombres y los repartos por periodo, pero imperan los mismos mecanismos y las mismas prácticas.

Las promociones superiores de mayor edad, los militares que fueron afines a otras facciones de la partidocracia y los que tienen posiciones propias e independientes son frecuentemente puestos en retiro o arrinconados en puestos de escasa importancia, para darle paso a los miembros de la promoción que puede ser más leal al jefe guardaespaldas de turno y a sus “enllaves”. No importa su profesionalidad, no importa si todavía está en capacidad de aportar mucho desde su formación profesional y las experiencias acumuladas.

Personas valiosas, en las que se han invertido grandes recursos y han acumulado experiencias muy útiles, son sacrificadas, retiradas, marginados por el interés de controlar a como de lugar las posiciones claves, para favorecer y dar riendas sueltas al enriquecimiento mal habido con los menores obstáculos internos. Quien no es funcional a esos despropósitos, por más méritos que tenga, dura poco en cargos importantes. Ese fue el caso, por ejemplo, del General Ramírez Ferreira, al frente de la DNCD. Sus convicciones éticas, su firmeza y profesionalidad, lo convirtieron en un “cuerpo extraño” a la dinámica degradante de la DNCD, al funcionamiento de la “Dinastía de los Guardaespaldas” y a la forma de gobernar del propio presidente.

Entre esas elites militares improvisadas y mediocres, y entre los jefes de la partidocracia corrompida, se estila incluso “limpiar” de “cuerpos extraños”, de personas “infuncionales” a sus espurias metas, o de “seres no integrables” a sus “clubes de cancerberos” de las FFAA, hasta los entornos familiares no confiables o pocos útiles a sus intereses. En ese orden no son pocos los jefotes políticos y militares, que una vez involucrados en la corruptela mayor, cambian de esposas por considerar las anteriores no confiables o nada rentable. Los “encates” capaces de abrir mayores oportunidades, de ofrecer mayor discreción y mayores garantías a las “formas de operar y acumular” de los nuevos clanes mafiosos, tienen lugar con bastante frecuencia y fluidez.

* Violación de las reglas para el reparto de posiciones claves y áreas de influencias.-Todo esto altera en alto grado las reglas formales de funcionamiento institucional de las FFAA, la PN y otros cuerpos armados de la nación. Los clanes hegemónicos de ocasión actúan como verdaderos cancerberos o secuestradores de la institución.

Su cúpula -siempre con honrosas excepciones- se enriquece a velocidad meteórica a costa de un manejo doloso del presupuesto militar-policial, de todos los mecanismos y relaciones administrativas de los cuerpos armados; y, sobre todo, asociando las prerrogativas y funciones de las instituciones castrenses y en especial su vital papel en el plano de la vigilancia, del monopolio de las armas y del ejercicio coercitivo- con los beneficios que ofrece proteger la gran delincuencia civil.

Como las organizaciones gansteriles de las grandes ciudades, los cohollos corrompidos se dividen entre sí el país y las actividades ilícitas llamadas a reportarles a ellos y a sus socios externos a la institución grandes sumas de dinero.

El Este del país le toca a la de la Fuerza Aérea Dominicana, igual que buena parte del tráfico aéreo. El Sur a la de la Marina de Guerra, junto al tráfico de droga por mar, los viajes ilegales y el contrabando marítimo de otro tipo. Sectores de la cúpula del Ejército y de la DNI son “dueñas” de la frontera con Haití. La DNCD tiene la mayor relación con los cárteles de la droga, compartiendo los “peajes” con los demás cuerpos armados de acuerdo a las vías empleadas para el tráfico y a la naturaleza de las operaciones ilegales. La Policía Nacional tiene el filón de la vida cotidiana interna: puntos de droga, rifas ilegales, falsificaciones, robo de vehículos, protección de la propiedad privada, extorsión de la ciudadanía y de la delincuencia común, redadas indiscriminadas, apresamientos arbitrarios para chantajear y recibir sobornos.

La DNCD, la DNI, la PN y la Marina de Guerra tienen sus propios “escuadrones de la muerte”. Los porcentajes que reciben las cúpulas militares por cargamentos de droga, personas, dinero, armas, rondan entre el 10 y el 15% de su valor en el mercado del “bajo mundo”. Los capos y sicarios colombianos y de otras nacionalidades se pasean descaradamente con su protección. Las instituciones que deben perseguirlos, cuentan con importantes “enclaves” a su servicio. Y así el “negocio” se le facilita en alto grado; mientras también el sicariato se nutre de oficiales activos y el pilotaje de los aviones civiles y las compañías aéreas privadas involucradas en los tráficos ilegales se alimentan de pilotos técnicos militares.

El caso del oficial Harold Manzano, piloto concomitante de helicópteros del Banco Popular, del presidente Fernández y del magnate venezolano (residente aquí) Gustavo Cisneros, recientemente atrapado en tráfico aéreo de drogas, es una referencia emblemática de esa sucia realidad. Nunca fue apresado y está ahora en N.Y.

Así las cosas, no hay que dudar, que si en algún momento los Súper-Tucanos, recientemente comprados en Brasil, llegan a derribar algún vuelo ilegal, cabe la posibilidad de que derribe a algún piloto militar asignado a misiones civiles “no santas”.

* Polarización social en los cuerpos armados.-La elite militar-policial comprometida en esos “negocios” altamente lucrativos, conectada a los políticos y empresarios corruptos, en pocos años, y a veces en pocos meses, acumula fortunas fabulosas que le permiten imitar en la opulencia a la oligarquía, cuyo modo de vida se convierte en referencia anhelada.

El General Aquino García, por ejemplo, tiene hasta jirafas en una de sus fincas próxima a Palenque-san Cristobal. Y Quirino le regalaba caballos “paso fino” al general Florentino y ganado de calidad al general William Jérez.

La oligarquía a su vez se encarga de corromper a no pocos, ofreciéndoles valiosos obsequios a los jefes de turno. Recordemos la Villa de Casa de Campo que el Banco Popular confesó haberle “regalado” al general Pedro de Jesús Candelier, cuando se desempeñaba como jefe policial. Sus componentes, además, logran ingresar a las FFAA y PN, sin cumplir los requisitos mínimos, personas allegadas a sus intereses y familias, para usar su influencia. No pocos integrantes de las elites militares y policiales corrompidas (nuevos ricos), en su afán de imitar a los “ricos de cuna”, consumen coñac de cerca de 300 mil pesos las botellas y a la hora tomárselo son capaces de echarle coca cola. En esta Navidad pasada un jefe militar recibió de “regalo de pascua” varias botellas de ese tipo y cien mil pesos en efectivo. No faltan entre ellos los que en cualquier fiesta de cumpleaños, bautizo o matrimonio son capaces de gastarse centenares de miles y hasta millones de pesos.

Los oficiales subalternos que los rodean reciben buenas sumas de dinero y no pocos privilegios por compartir y proteger esas prácticas. Otros de más baja graduación, junto a algunos “clases” y soldados, reciben ingresos extras por proteger y asistir a las políticos y a los empresarios asociados a sus jefes.

Se han creado así, junto a la oligarquía militar-policial de nuevo cuño, varias castas privilegiadas que reciben ingresos, sueldos extras y sobornos de diferentes dimensiones. Y mientras eso acontece, la gran mayoría de clases, soldados y oficiales subalternos viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Los hay incluso coroneles y generales pasando dificultades o viviendo modestamente, unos asqueados de tanta podredumbre y otros esperando el turno o la brecha para “colarse” y ascender hacia esas cúpulas.

El militar de cuartel, de compañía, de batallón, el oficial que hace verdadera carrera militar, por escalafón, está excluido de una vida digna. Trabaja mucho y gana poco. Se sacrifica sin perspectiva de progresar y se desmoraliza. A los alistados se lo está llevando el mismísimo Diablo. El militar indisciplinado, el que se arrima a los cancerberos, el que abandona su función militar para servirle a los clanes de la corrupción civil, ese vive mejor y no hay oficial superior que le haga cumplir una tarea “no rentable”. Siempre tiene el escape de haber sido asignado a tal político o a tal empresario.

En general la mayoría militar está tan empobrecida como el pueblo trabajador, como los/as dominicanos/as humildes, como los/as civiles empobrecidos y excluidos/as. Y sin derecho a organizarse, a protestar y a participar en las decisiones; haciendo “yuca” y patrullando en medio de la sed y el hambre.
* Deterioro institucional.-Mientras tanto, las FFAA como instituciones se empobrecen y entran en una profunda crisis de funcionalidad. Más del ochenta por ciento de su presupuesto son cargas fijas, incluidos centenares de civiles incorporados a sus nóminas, y en casos como el de la DNI, entidad de inteligencia convertida en un mecanismo plagado de clientelismo.

No hay dinero para gasolina. Hay pocas municiones. No hay dinero ni para operar ni para entrenar. La aviación tiene solo cuatro aviones Pillan de entrenamiento. Los AT-37 no sirven. A los equipos no se les da mantenimiento. La ración alimenticia por persona es tan mala que equivale a 13 pesos. En el Cesfront, unidad militar encargada de proteger la frontera con Haití, solo hay unos 200 soldados. Muchos, muchísimos militares se la están buscando por ahí. La ley orgánica es letra muerta. El escalafón era verde y se lo comieron los burros. Las designaciones no tienen nada que ver con la capacidad. La lista del personal calificado no tiene uso.

No hay autoridad ni liderazgo y la “Dinastía de los Guardaespaldas” del presidente ha llevado esta degradación a límites nunca vistos, pasándole por encima de “los principios del don de mando”. Las Fuerzas Armadas dominicanas carecen de moral de combate, de mística. No están en capacidad de librar una guerra que dure varios días. Muchos de sus integrantes (oficiales subalternos, clases y soldados), con razón, no están dispuestos a combatir, mucho menos a reprimir al pueblo, decepcionados como están de una buena parte de los altos mandos actuales, y agobiados por las penurias y el desorden. El principio de autoridad esta resquebrajado. La cadena de mando tiene grandes dificultades para funcionar.

La FFAA y la PN son cualquier cosa, menos reales instituciones castrenses. Son cuerpos secuestrados, como lo está el Estado y el gobierno dominicano. Secuestrados por lo peor del país. Son componentes de un Estado delincuente, de un narco-gobierno.

La mayoría de los militares, como la mayoría del pueblo, ha sido empobrecida, abusada, discriminada… Ella carga con el desprestigio generado por sus cúpulas. Sufren un empobrecimiento y una vergüenza de la que gran parte de su membresía no es culpable. Tremenda injusticia que nos convoca a una gran alianza cívico-militar popular, a una unidad del pueblo pobre y los militares pobres, del pueblo honesto y los militares honestos. Esto hay que decirlo a los cuatro vientos. Esta realidad debe ser conocida para ser cambiada. Esto hay que cambiarlo e “cuajo”. El ejemplo de Duarte, Luperón, Gilbert, Fernández Domínguez, Caamaño, Manolo, Las Hnas. Mirabal debe inspirarnos para sacudirnos de la pasividad y emprender la ruta de la dignificación nacional.


En este contexto, con este gobierno, con gobiernos de este talante, con partidos como los que han gobernado, copados por dirigentes corrompidos no hay presente ni futuro, ni para la mayoría civil ni para la mayoría militar. Porque desde la partidocracia y desde la oligarquía - sostenidas ambas por el imperio se ha instalado una forma perversa de gobernar, administrar y dominar al país y al pueblo. Y esto, en el contexto de la presente crisis nacional y de la hecatombe económica mundial, tiende a tornarse insoportable y explosiva. Porque si con este entorno internacional, esto sigue así, no habrá nación, ni Fuerzas Armadas, ni pueblo con posibilidades de vida.


Las soluciones necesarias no habrán de alcanzarse pensando en llegar a acuerdos con los responsables de tantas atrocidades contra los derechos del pueblo y contra el patrimonio de la nación. Necesitamos otro gobierno, otro Estado, otras instituciones, realmente democráticas, honestas, guiadas por el bien común. Tenemos que liberarnos de estas mafias políticas, militares y empresariales para declarar inservibles estas autoridades y estas instituciones, para lograr un gobierno honesto y progresista, una constitución realmente democrática e instituciones renovadas y al servicio de la colectividad.

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Las visas canceladas.-La podredumbre es tan grande, que el Departamento de los EEUU -pese a que su gobierno, su DEA, su Pentágono han sido auspiciadores y apoyadores de este desastre social, de este deterioro institucional y de sus responsables y beneficiarios, ahora quiere “guardar distancia” respecto a los jefes militares y policiales más “quemados”, cancelándole las visas, entre otros, a cinco generales de las peores especies.


Estos son: Uno de los principales exponentes de la “Dinastía de los Guardaespaldas”, quien aun ejerce influencia en ese cuerpo y ahora en una posición a sus anchas y apropiada para continuar sus negocios en la frontera. Otro, asesor-corrupto-protector de narcotraficantes ahora en posición de “mando vial”, quien tuvo su último fracaso cuando uno de sus hombres de confianza fue sorprendido en un contrabando por el AILA y luego como parte de la traición a la mafia ordenó la muerte de una “infeliz”. Otro que desde teniente ha estado vinculado al narco y a los “tumbes” de drogas que se capturan en actividades ilícitas en la región Sur, supuestamente perseguida por la DNCD. Otro que confesó públicamente ser “hermano” de Quirino. Y el peor de todos: uno que estuvo como jefe del combate contra el narcotráfico y en eso se hizo multimillonario, extorsionando “puntos” y “capos” vinculados a ese jugoso “negocio”, y que pese a eso y pese a haber sido atrapado en un gran contrabando de whisky, fue designado jefe de una de las instituciones militares donde mayor es la infección de las narco-mafias.¡ ALELUYA!


Pero como puede verse el problema es mayor. Se trata de un narco-gobierno y de un narco-estado que hay que arrancar de raíz y echarlo al vertedero. Este pueblo debe proponerse este objetivo, disponiéndose incluso a hacer aquí lo que supieron hacer los pueblos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina: a quitar presidentes y gobiernos incluso sin elecciones, a través de la movilización y la presión popular, creando nuevas condiciones políticas y mejores posibilidades electorales.


No hay porque soportar algunos años más esta desgracia de gobierno. Esto hay que cambiarlo cuanto antes mejor, para entonces dar paso a un proceso constituyente altamente participativo, a una Constitución avanzada, a una nueva institucionalidad realmente democrática, a sistemas electorales, códigos y leyes bien confeccionados, todas adaptadas a nuestra realidad, idiosincrasia y cultura como pueblo.


Santo Domingo, República Dominicana.

1 de febrero, “Mes de la Patria”, 2009